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Ya indicamos en el editorial de DYNA del mes de Julio, que la industria nacional con todo su bagaje protector, sufre, precisamente, por desamparo. Y es que la legislación protectora carece de ordenación adecuada y aunque en muchas de sus disposiciones campea una buena intención, se filtra en ella, a veces, un interés concreto que, contra toda justicia, tiende al disfrute de un beneficio. El sentido económico general que en España se ha de imponer conviene que derive hacia la economía organizada y decimos esto no sólo por la falta total de facultades que posee el Estado español para dirigir una economía, sino porque nuestro clásico aislamiento provoca confusiones difíciles de aclarar en el ambiente de hermetismo en el que vivimos. El papel de catalizador que otorga al Estado el Ingeniero Industrial don Antonio Robert en su trabajo, premiado con mención honorífica en el concurso de «Proyecto de bases para una legislación de protección y auxilio a la industria», «que promueva la circulación e inversión de Empresas industriales de grandes masas de capitales flotantes o inactivos, o empleados en otras inversiones menos útiles a la economía nacional, es la exacta concepción que adjudicamos al Estado en su misión reguladora industrial.
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